La Prueba Inicia: usos y abusos

Juan Eduardo García- Huidobro, Director del CIDE
Decano Facultad de Educación, Universidad Alberto Hurtado

El 8 de octubre recién pasado el Presidente Piñera anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que transforma la prueba Inicia en un examen de excelencia profesional obligatorio para ejercer la docencia en el sector municipal y particular subvencionado. También anunció que existirá un examen para los egresados de las pedagogías de Media. La medición tendrá incidencia en el sueldo de los profesores: el 10% de los egresados con mejores resultados recibirá un sueldo un 30% superior al resto.

Estos anuncios dan la ocasión para examinar la prueba Inicia en el marco de la “cuestión docente” y más específicamente en relación al tema de la formación inicial docente, que está desde hace algunos años al centro de la problemática de la política educativa a nivel internacional1 y que se ha puesto crecientemente en la mira de la preocupación nacional por mejorar la educación.

Antecedentes
A nivel nacional este cuidado por la formación inicial docente tuvo como primera iniciativa importante y sistemática el Programa de fortalecimiento de la formación inicial docente (FFID)2, que comenzó en 1997 y se discontinuó inexplicablemente en 20023. Desde entonces el tema ha estado permanentemente en la discusión sobre política educativa. El informe de la OECD sobre la educación chilena (2004) tiene un capítulo dedicado a los profesores y denuncia el débil nexo que ha existido entre las reformas y la formación inicial, lo que ha ayudado a crear una “brecha de capacidad” mayor en la fuerza docente, que pone a la mayoría de los estudiantes del país en
clases con profesores que, no por culpa propia, han sido preparados inadecuadamente para enseñar matemáticas, lenguaje y otras materias, al nivel requerido por el currículo chileno.

En 2005 funcionó una Comisión de formación inicial docente, cuyo informe dio lugar a un compromiso solemnemente firmado por 47 autoridades de universidades e institutos profesionales que forman profesores. Por último, también el Informe final del Consejo asesor presidencial para la calidad de la educación (2006) hace aportes al diagnóstico y propuestas sobre el tema. Tanto los documentos internacionales como los nacionales afirman la importancia de una política integral de desarrollo docente, la que debiera mirar simultáneamente cuatro dimensiones claves interrelacionadas que afectan el pleno desarrollo profesional de los docentes, a saber: la formación inicial, la formación continua, las condiciones de trabajo y la institucionalidad ministerial necesaria para implementar un sistema que apoye con eficiencia el desarrollo de esta profesión. (+)